En una entrevista con la diputada Kattya González, hemos conversado acerca de la recomendación para ratificar la versión de diputados con respecto al proyecto de ley ''puerta giratoria''. Sostuvo que el Frente Parlamentario contra la corrupción se encuentra trabajando en este proyecto desde hace más de dos años, previo a llegada de la pandemia y también durante dicho periodo se realizaron varios foros en los respectivos departamentos liderados por integrantes del frente en el que se da una conformación multipartidaria desde distintos puntos del país.
El proyecto de ley ''puerta giratoria'' es una situación que básicamente consiste en el uso de información privilegiada para poder potenciar negocios particulares de personas que ocuparon cargos públicos estratégicos, detalló cómo ejemplo que durante el gobierno de Horacio Cartes fueron instalados varios negocios con personas que se manejaban dentro del cargo público, de esta manera se comete una violación a la competencia leal que debe de haber en los negocios, lo cual está prohibido en todo el mundo.
Lo que actualmente se propone es que el legislador y funcionario público puedan presentar una declaración jurada de intereses adherido a la declaración jurada de bienes y ventas, donde se manifieste públicamente con datos abiertos a qué empresas eventualmente se pertenece. Detalló en ejemplo acerca de aquellos diputados que figuran cómo dueños de estaciones de servicio, quienes deben de indicar claramente cómo punto de conflicto de intereses en el caso puntual de que se vote algún proyecto relacionado con los beneficios que reciben las estaciones de servicios, éstas personas al igual que un juez tienen la obligación de ''excusarse'' o si algún otro ciudadano o parlamentario aporta información, éste puede ser rehusado e inidicar que ''no se meta'' en la votación. Este procedimiento puede darse con aquellos ministros que no puedan tratar un tema vinculado al que estén vinculados e involucrados ellos mismos o miembros de su familia, según explica la normativa.
Afirma que se trata de un interesante sistema de control pendiente del Paraguay desde hace muchos años, por el cuál se han hecho firmas en compromisos internacionales en materia de erradicación de la corrupción y combate a la impunidad cómo puntos flojos. El sistema mencionado se encuentra en el Observatorio Legislativo Anticorrupción perteneciente al Frente Parlamentario, en el cual es posible de observar una ronda de seguimientos que se realiza al Paraguay y visualizar cómo en un ''semáforo'' se identifican cuales son las deudas pendientes y entre ellos está la Ley de Conflicto de Intereses. El mismo es utilizado cómo una guía de dentro de la agenda legislativa.
Durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, vez pasada, se resolvió modificar los artículos 3, inciso G); y 20, inciso D). La intención fue “achicar” el grupo familiar de referencia, a cónyuge e hijos mayores de edad, con la aclaración de que esto no significa que “si se llegara a descubrir vínculos cercanos, como testaferros, prestanombres; las acciones seguirán igual”.
“Lo que planteamos es testar el artículo 3, inciso G), donde se habla del grupo familiar y lo define como cónyuge; conviviente o concubino; hijos mayores de edad; parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, incluyendo a las personas sujetas a tutela o curatela. Queremos testar desde “parientes hasta segundo grado de consanguinidad”, hasta el final”, había explicado la legisladora Celeste Amarilla (PLRA-Capital).
Con dicha modificación, la redacción quedó en “cónyuge, conviviente o concubino e hijos mayores de edad”.
En cuanto al artículo 20, inciso D), se decidió testar la parte donde dice “parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad”.
En este nuevo estudio en Cámara Baja (el documento volvió del Senado, donde también se ratificaron), la comisión asesora aconsejará la revalidación de lo resuelto.