Análisis crítico sobre la designación de ministros en el Consejo de ITAIPU: ¿Constitución vs. Ley?

Foto: Dr. José Casañas Levi. Gentileza Archivo de ADN Digital

Comenzó con la discrepancia en los medios de comunicación sobre la legalidad de las designaciones en el Consejo de ITAIPU. Algunos afirman que estas designaciones están respaldadas por la ley, mientras que otros sostienen que van en contra de la Constitución Nacional.

Según el artículo 137 de la Constitución Nacional, se establece un orden de prelación de importancia de las leyes: primero la Constitución, luego los tratados y finalmente las leyes. Esto implica que las normas de inferior jerarquía no pueden contradecir la Constitución ni los tratados internacionales. Por lo tanto, cualquier ley o decreto que contradiga la Constitución sería inconstitucional.

Uno de los argumentos fundamentales presentados en la discusión es la incompatibilidad entre cargos. La Constitución establece que el presidente y el vicepresidente de la República no pueden ocupar ningún otro cargo, independientemente de la remuneración. Esta incompatibilidad se extiende a los ministros del Poder Ejecutivo, quienes son designados por el presidente y, por lo tanto, son subalternos en el Ejecutivo.

El artículo 240 de la Constitución establece que la dirección y la gestión de los negocios públicos están confiadas a los ministros del Poder Ejecutivo. Esto se utiliza como argumento para justificar las designaciones en el Consejo de ITAIPU. Sin embargo, este artículo no tiene relación directa con la incompatibilidad de ocupar otros cargos. Por lo tanto, es cuestionable si este argumento es válido.

Abordó la importancia de la legalidad en un Estado de Derecho. Todos, tanto gobernantes como gobernados, deben regirse por las leyes y la Constitución. Ignorar estas normas socavaría los principios fundamentales de un sistema democrático y jurídico. Esto lleva a reflexionar sobre la corrupción y la falta de respeto por las normas constitucionales.

Ante la controversia sobre las designaciones en el Consejo de ITAIPU, surgen dos caminos legales. El primero implica la declaración de inconstitucionalidad de la ley o el decreto en cuestión, que sería un proceso formal llevado ante el Poder Judicial. Sin embargo, este proceso puede llevar tiempo y no garantiza un resultado favorable.

El segundo camino es la manifestación pacífica y el descontento ciudadano. A medida que estas designaciones continúen generando controversia, es posible que la sociedad se movilice para expresar su preocupación. Sin embargo, esto también puede llevar tiempo y no está exento de riesgos.

La designación de ministros en el Consejo de ITAIPU ha desatado un debate fundamental sobre la relación entre la Constitución y la ley en Paraguay. Independientemente de la posición que uno tome en este asunto, es esencial que la discusión se base en un análisis riguroso de la legalidad y la Constitución.

La ciudadanía debe estar alerta y participar activamente en el proceso democrático para asegurar que las decisiones gubernamentales se tomen dentro del marco legal establecido. El Estado de Derecho y el respeto por las normas constitucionales son fundamentales para mantener la estabilidad y la justicia en cualquier país democrático. El tiempo dirá cómo se resolverá esta controversia y qué impacto tendrá en el futuro del país.

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Redacción: Víctor Felisbino